viernes, febrero 14
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Claudia Sheinbaum sobre la reforma al poder judicial como «una elección del pueblo»

Columna: La mesa redonda
Por: Víctor Salazar

La reciente afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma al poder judicial como «una elección del pueblo» es una declaración que merece una crítica profunda y fundamentada. En México, el proceso democrático de elección popular no ha incluido, en ningún momento reciente, la votación específica de una reforma constitucional en torno al poder judicial. Argumentar que tal cambio es «una decisión del pueblo» no solo carece de fundamento electoral, sino que distorsiona la realidad de los mecanismos democráticos, ya que no se ha convocado a ningún referéndum o consulta que avale dicho cambio.

Este tipo de narrativas son peligrosas, ya que pretenden justificar reformas estructurales que afectan el equilibrio de poderes, sin pasar por el escrutinio público que merecen. Sheinbaum, al igual que su predecesor Andrés Manuel López Obrador, forma parte del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, organizaciones que han sido señaladas por impulsar una agenda ideológica orientada al socialismo del siglo XXI y, en algunos casos, con un claro sesgo marxista. Su objetivo, según se desprende de sus acciones y alianzas, parece ser la modificación paulatina de las constituciones latinoamericanas para eliminar los contrapesos ciudadanos, tales como un poder judicial independiente o una prensa libre, pilares fundamentales de una democracia funcional.

Este comportamiento no es aislado, sino parte de una tendencia observada en otras naciones alineadas con el Foro de Sao Paulo, como Venezuela y Nicaragua, donde los líderes reformaron sus respectivas constituciones para perpetuarse en el poder. En Venezuela, el chavismo, bajo la tutela de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, ha utilizado la retórica del «pueblo» para justificar una serie de reformas constitucionales que han concentrado el poder en el Ejecutivo, desmantelado las instituciones independientes y eliminado las voces disidentes. Estas acciones han dejado a Venezuela sumida en una crisis política y económica sin precedentes, donde la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos han sido sistemáticamente erosionados. El ejemplo reciente en Venezuela es claro, donde Maduro se robo la elección y no rinde cuentas a nadie.

En México, bajo el liderazgo de López Obrador y ahora Sheinbaum, se vislumbra un escenario similar. El constante ataque al poder judicial, la descalificación de medios críticos y la presión sobre los órganos autónomos como la reciente eliminación del INAI, revelan una intención clara de erosionar las bases de la democracia representativa y pluralista. Estos movimientos, amparados en un discurso de justicia social, esconden una estrategia más amplia: consolidar un poder que responde únicamente a una élite política y alineada con la agenda del Foro de Sao Paulo y el Grupo Puebla.

Foro de Sao Paulo y Grupo Puebla: Historia y Relación

El Foro de Sao Paulo fue fundado en 1990 como una plataforma de coordinación de partidos y movimientos de izquierda en América Latina, con el objetivo de resistir las políticas neoliberales que predominaban en la región. Desde su creación, ha reunido a una amplia gama de partidos (MORENA, PRD y el PT) y movimientos desde partidos comunistas hasta socialdemócratas, todos comprometidos según con la transformación social bajo un prisma antiimperialista y anticapitalista enemigos de la propiedad privada. La misma cantaleta de la lucha de clases del Judio Carlos Marx.

Por su parte, el Grupo Puebla es una organización más reciente, fundada en 2019, con una agenda más específica y de corto plazo, pero que comparte los mismos ideales de integración política, económica y social de la región bajo un proyecto progresista y de izquierda. Si bien el Foro de Sao Paulo tiene una base más amplia y una trayectoria más extensa, el Grupo Puebla ha servido como una especie de sucesor ideológico, reuniendo a líderes de la izquierda latinoamericana que buscan llevar a cabo cambios políticos en sus respectivos países. Aquí los curiosos es que la misma Xóchitl Gálvez es parte de este Grupo. Saque usted sus propias conclusiones si aun cree en la democracia.

Ambas organizaciones comparten no solo una visión común, sino también tácticas políticas. En países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y ahora México, los miembros de estas organizaciones han impulsado reformas constitucionales y cambios en las instituciones que les permiten perpetuarse en el poder, bajo la premisa de que estos cambios son necesarios para garantizar la justicia social y la soberanía popular. Sin embargo, los resultados han sido la consolidación de regímenes autoritarios, donde la oposición política es marginalizada, las elecciones son cuestionables y los derechos civiles son restringidos.

El paralelismo entre estos casos y lo que está sucediendo en México bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum es preocupante. Si bien México ha mantenido, hasta ahora, una democracia más robusta, los pasos que están tomando sus líderes, especialmente con respecto a la reforma judicial, apuntan a una deriva similar: la erosión de los contrapesos institucionales en nombre de un proyecto político de larga duración que beneficia a una élite en el poder.

La historia reciente de Venezuela es un claro ejemplo de cómo estas reformas pueden utilizarse como herramientas para enquistarse en el poder y sofocar la pluralidad democrática. En nombre del pueblo, se ejecutan cambios profundos en las constituciones y en las estructuras de gobierno que, en última instancia, benefician a un pequeño grupo político, al tiempo que debilitan las bases de una democracia efectiva. Es esencial que los mexicanos se mantengan alertas frente a este tipo de discursos y movimientos, que, aunque se presenten como democráticos y populares, en realidad buscan consolidar un poder autoritario.

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